La Red TDT denuncia arbitrariedades del gobierno de Guerrero

Gloria Leticia Díaz

30 de enero de 2018


CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Los integrantes de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) –conformada por más de 80 organizaciones de 23 entidades– expresaron su preocupación por la “indiferencia” del gobierno de Guerrero ante la imparable violencia, así como a las constantes violaciones a derechos humanos.

Los integrantes de la Red TDT, quienes tomaron como paradigma de la violencia y los avisos los hechos ocurridos el domingo 7 de enero en La Concepción, municipio de Acapulco: detenciones y ejecuciones arbitrarias, tortura y agresiones a la prensa, llamaron a las autoridades a “un espacio de diálogo”.

“En lugar de hacer frente a la violencia endémica que existe en Guerrero, las instituciones de seguridad pública estén vinculadas en casos de graves violaciones a derechos humanos” como los ocurridos en La Concepción, sostiene la Red TDT en un comunicado; también señalan el involucramiento de elementos policiales en la desaparición de personas.

Las organizaciones promotoras recordaron que en octubre pasado, con el propósito de “visibilizar la grave situación de violencia”, convocaron a una Misión de Observación a Guerrero (MOG) en octubre, haciendo énfasis en el municipio de Chilapa, “uno de los más violentos del estado”; incluso pudieron documentar “varios casos de desaparición forzada y de desplazamiento de varias comunidades”.

Destacaron que ante el “grave deterioro del tejido comunitario”, la MOG solicitó una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo, quien no dio respuesta a la petición.

“La ausencia de una respuesta real a nuestro planteamiento expresa el desinterés del gobernador hacia el tema de los derechos humanos”, señalaron los integrantes de la Red TDT.

Acusaron que, al igual que Astudillo sus colaboradores también han sido omisos ante las graves violaciones a derechos humanos cometidas por agentes del gobierno estatal, obstaculizando la investigación de los abusos e impidiendo que “se apliquen protocolos internacionales para deslindar responsabilidades en torno a hechos donde se ha violentando el derecho a la vida, a la libertad e integridad personal”.

Consideraron que “una muestra de esta actitud inaceptable” la actitud del vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez, quien en respuesta a un comunicado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), para “actuar  de manera eficaz, imparcial e inmediata en la investigación de los hechos” de La Concepción dijo que “no es admisible aplicar el protocolo de Minnesota, debido a que no se trata de delitos de lesa humanidad ni de ejecuciones extrajudiciales”.

La represión en La Concepción

Según la Red TDT, el domingo 7 “se documentaron tres ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes policiales del Estado”; además, los uniformados detuvieron de manera arbitraria a 38 personas, catearon varios domicilios, incurrieron en actos de tortura y agresiones a periodistas.

Las organizaciones civiles sostienen que hechos como los descritos “son claros ejemplos de la grave crisis de derechos humanos que nos muestran las prácticas sistemáticas y recurrentes de las autoridades que violentan los derechos humanos y que se mantienen en la impunidad”.

Las organizaciones exhortaron a las autoridades de Guerrero “abrir un espacio de diálogo con la sociedad civil a fin de atender la situación grave por la que está pasando el estado y en especial se pueda abordar el grave riesgo que viven las personas defensoras de derechos humanos que realizan su labor en la entidad”.

La Red TDT menciona como defensores en riesgo a los integrantes del Centro de Derechos Humanos “José María Morelos y Pavón” de Chilapa quienes acompañan a víctimas y familiares de personas desaparecidas, así como a desplazados por la violencia.

En una situación similar se encuentran los activistas del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que representa a los habitantes agredidos en La Concepción, y el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), quien acompañan a las víctimas de tortura.

Además de expresar su “preocupación por la grave situación de derechos humanos que presenta el estado de Guerrero y que en este inicio de año se ha incrementado notoriamente”, la Red TDT exigió al gobierno de Astudillo atender “las recomendaciones de los organismos internacionales de los derechos humanos para contener esta espiral de violencia”.

Agregaron que las autoridades estatales deberían aplicar “los estándares más altos de derechos humanos para garantizar justicia a las víctimas y realicen investigaciones exhaustivas de hechos tan lamentables como los asesinatos y las ejecuciones extrajudiciales cometidas en La Concepción, el pasado 7 de enero”.

Las organizaciones adelantaron que en prevé presentarán un informe en el que exigirán “una atención urgente e integral al problema de inseguridad que se vive en la región de Chilapa”.

Solicitaron también al gobernador Astudillo garantizar la seguridad del defensor comunitario Marco Antonio Suástegui, quien ha sido torturado y está sometido a un proceso amañado; así como evitar la criminalización del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP), y “reconocer su legítimo derecho a la defensa de su territorio”.

Piden también garantizar el trabajo de las personas defensoras de derechos humanos de Guerrero y responder a la solicitud de la MOG para tener una reunión con el gobernador.

En su comunicado la Red TDT piden al gobierno de Astudillo su disposición “a un diálogo público en términos de responsabilidades estatales y garantías a los derechos de la población”.